lunes, 9 de julio de 2012
¡Cuanta gente buena... Buena gente!
Hace unos días celebré mi cuadragésimo tercer cumpleaños. Era martes y, como casi todos los martes, estaba fuera de España, lejos de casa.
Mucha gente se acordó de felicitarme pero, entre toda la gente, una estupenda mujer que, además de ser esposa, madre y ama de casa, es una excelente cocinera y mejor comunicadora si cabe; una gran anfitriona y mujer de una exquisita educación. Vamos, una prenda de tal categoría que su marido aún está pensando cómo habrá tenido él tanta suerte de encontrarla y ella de que tras encontrarla ella le quisiera... De 10.
Esta mujer me felicitó por Facebook, como se hace ahora, dejando en el muro unas palabras amables. No nos vemos mucho pero yo sigo asiduamente un blog gourmet que ella actualiza frecuentemente, así que al recibir su felicitación y aproveché para pedirle un favor, quise que me dedicara un postre y ella, generosamente ha cumplido con ello.
Aquel día me hizo feliz que se acordara de mi, hoy me ha hecho feliz que me haya dedicado el postre, porque en el fondo se trata de que se ha acordado de mi, ha pensado en lo que le pedí y en lo que más me podría gustar.
Una buena persona, buena gente. Así que desde aquí, querida Beatriz, un beso fuerte, muchas gracias y sigue siendo tan buena gente.
jueves, 9 de febrero de 2012
Marruecos y el NO
Desde el Partido Popular llevamos años advirtiendo de que se avecinaba la firma de un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos conflictivo para los intereses españoles. Llevamos años explicando que las negociaciones entre la UE y el vecino marroquí estaban resultando lesivas para los productores españoles y que, para evitarlo, era necesario, en primer lugar, resolver los fallos a los que está dando lugar el régimen de importación de frutas y hortalizas procedentes de países terceros, fallos que conciernen de forma flagrante a la entrada de tomates marroquíes.
El acuerdo suscrito entre la Comisión Europea y Rabat, pendiente todavía de ratificación en el Parlamento Europeo, amplía sustancialmente las concesiones realizadas por la Unión Europea a determinadas exportaciones marroquíes cuyos calendarios de comercialización coinciden con los calendarios de las producciones españolas, como es el caso más emblemático del tomate, lo que constituye una amenaza directa al empleo del sector agrario en regiones como Andalucía, Murcia, Valencia o Canarias, y todo ello, sin establecer medidas compensatorias, sin arbitrar solución ninguna a la herida que ello va a causar y que nadie desconoce ya.
Llevamos años haciéndonos eco de las denuncias de los productores y exportadores de frutas y hortalizas españoles en lo que respecta a los incumplimientos de las condiciones establecidas en el acuerdo actual, dando voz a quienes han denunciado las irregularidades a las que da lugar el mecanismo de precios de entrada para el tomate marroquí, irregularidades reconocidas oficialmente por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF).
Y llevamos años haciéndolo en solitario porque los socialistas españoles no nos han acompañado, no han ayudado y hasta hace una semana han trabajado contra los intereses de los productores españoles, favoreciendo la firma de un acuerdo entre la UE y Marruecos perjudicial para nuestros intereses tanto en el Parlamento Europeo, como, en época del anterior Gobierno, dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
La próxima semana el Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo tendrá que decir SI o NO al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de Asociación UE- Marruecos. Siguiendo la línea que hemos mantenido desde hace años, el PP votará NO, y lo hará porque el acuerdo es desequilibrado, porque no asegura a los consumidores europeos que los productos procedentes de Marruecos cumplan con los mismos requisitos de seguridad alimentaria y de respeto al medioambiente que los productos comunitarios; votaremos que NO porque la Comisión Europea no ha resuelto los problemas del mecanismo de precios de entrada del tomate que denunció oficialmente la OLAF hace unos años y que fomenta la importación de grandes volúmenes de tomates sin el pago de los derechos de aduana correspondientes; votaremos NO porque el acuerdo no recoge mecanismos de seguimiento y control para detectar desvíos indeseados o problemas de funcionamiento; votaremos NO porque creemos que el Parlamento debe participar en la negociaciones previas a la firma de los acuerdos y en el control posterior. En definitiva, votaremos que NO, porque nada ha mejorado, nada ha cambiado, desde septiembre de 2010, fecha en la que la Comisión Europea presentó su propuesta sobre el nuevo capítulo agrícola con Marruecos. Nada, nada de nada y, si no ha habido ninguna mejora, ningún cambio, no hay razón alguna para cambiar de postura.
En el PP hubiésemos deseado que desde el principio el acuerdo no perjudicara los intereses españoles y que el Parlamento Europeo hubiese podido colaborar en las negociaciones, pero ello no ha sido así y, además hemos sufrido el ataque de quienes, desde el descaro, han trabajado contra España y sus intereses, y ahora, desde el pánico que les provoca perder unas elecciones en Andalucía, corren a votar en contra del acuerdo.
El acuerdo suscrito entre la Comisión Europea y Rabat, pendiente todavía de ratificación en el Parlamento Europeo, amplía sustancialmente las concesiones realizadas por la Unión Europea a determinadas exportaciones marroquíes cuyos calendarios de comercialización coinciden con los calendarios de las producciones españolas, como es el caso más emblemático del tomate, lo que constituye una amenaza directa al empleo del sector agrario en regiones como Andalucía, Murcia, Valencia o Canarias, y todo ello, sin establecer medidas compensatorias, sin arbitrar solución ninguna a la herida que ello va a causar y que nadie desconoce ya.
Llevamos años haciéndonos eco de las denuncias de los productores y exportadores de frutas y hortalizas españoles en lo que respecta a los incumplimientos de las condiciones establecidas en el acuerdo actual, dando voz a quienes han denunciado las irregularidades a las que da lugar el mecanismo de precios de entrada para el tomate marroquí, irregularidades reconocidas oficialmente por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF).
Y llevamos años haciéndolo en solitario porque los socialistas españoles no nos han acompañado, no han ayudado y hasta hace una semana han trabajado contra los intereses de los productores españoles, favoreciendo la firma de un acuerdo entre la UE y Marruecos perjudicial para nuestros intereses tanto en el Parlamento Europeo, como, en época del anterior Gobierno, dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
La próxima semana el Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo tendrá que decir SI o NO al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de Asociación UE- Marruecos. Siguiendo la línea que hemos mantenido desde hace años, el PP votará NO, y lo hará porque el acuerdo es desequilibrado, porque no asegura a los consumidores europeos que los productos procedentes de Marruecos cumplan con los mismos requisitos de seguridad alimentaria y de respeto al medioambiente que los productos comunitarios; votaremos que NO porque la Comisión Europea no ha resuelto los problemas del mecanismo de precios de entrada del tomate que denunció oficialmente la OLAF hace unos años y que fomenta la importación de grandes volúmenes de tomates sin el pago de los derechos de aduana correspondientes; votaremos NO porque el acuerdo no recoge mecanismos de seguimiento y control para detectar desvíos indeseados o problemas de funcionamiento; votaremos NO porque creemos que el Parlamento debe participar en la negociaciones previas a la firma de los acuerdos y en el control posterior. En definitiva, votaremos que NO, porque nada ha mejorado, nada ha cambiado, desde septiembre de 2010, fecha en la que la Comisión Europea presentó su propuesta sobre el nuevo capítulo agrícola con Marruecos. Nada, nada de nada y, si no ha habido ninguna mejora, ningún cambio, no hay razón alguna para cambiar de postura.
En el PP hubiésemos deseado que desde el principio el acuerdo no perjudicara los intereses españoles y que el Parlamento Europeo hubiese podido colaborar en las negociaciones, pero ello no ha sido así y, además hemos sufrido el ataque de quienes, desde el descaro, han trabajado contra España y sus intereses, y ahora, desde el pánico que les provoca perder unas elecciones en Andalucía, corren a votar en contra del acuerdo.
lunes, 6 de febrero de 2012
Del sulfuroso y las barricas
Durante febrero de hace 12 años se aprobó la Directiva 1998/8 de Biocidas, al principio no pareció preocupar mucho al sector vitivinícola pero se ha tornado en un tema de actualidad en las últimas semanas.
Aquel documento, que buscaba preservar nuestro medioambiente y nuestra salud, estableció un sistema de comercialización de biocidas basado en un procedimiento de autorización y registro de sustancias biocidas utilizadas por la industria europea; dichas sustancias serían valoradas y, cuando el dictamen fuese favorable, serian incluidas en un registro y autorizada su utilización, todo ello a escala europea, para conseguir el mismo grado de protección en todo el territorio de la UE.
La Directiva recoge, entre diferentes categorias, las sustancias ya existentes y utilizadas antes de la entrada en vigor de la propia Directiva, el 14 de mayo de 2000. Asi que, autoriza un procedimiento para "notificar" sustancias activas existentes que la industria privada europea tenga interés en defender su registro y autorización, para entendernos, en el caso de la crianza de vinos, se habilita un camino para que la industria vitivinícola europea, que utiliza desde siempre el SO2 para la desinfección de barricas, pudiese seguir utilizándolo, previo registro y autorización. Es decir, que la iniciativa privada puede defender la utilización de un producto por razones industriales, comerciales o económicas y esa defensa será tomada en consideración por la administración europea.
El mecanismo previsto para ese registro y autorización por la Directiva, es la presentación de un Estudio técnico y científico de alto nivel y a escala europea, que demuestre que el sulfuroso ha sido utilizado "de siempre", que no se ha encontrado un método sustitutivo que pueda reemplazar su utilización y que no se han demostrado problemas de seguridad e higiene en el trabajo que impidan continuar utilizándolo.
El plazo que la industria vitivinícola europea tenía para presentarlo expiró en mayo de 2011, pero la Comisión Europea habilitó una prórroga de un año más. Si no se presenta un estudio por parte de la industria, no se procederá a su evaluación y el SO2 no será registrado y autorizado para uso en la desinfeccion de barricas por parte de la Comisión Europea en el territorio europeo y la industria deberá desinfectar las barricas de otro modo, probablemente incrementando los costes de producción enormemente, por eso, la industria vitivinícola europea, representada por el "lobby" Comité Vinos, decidió presentar ese Estudio ante la Comision Europea y, para ello, solicitó varios presupuestos, para decidir dentro de su estrategia empresarial cuál contratar. El Estudio está en marcha y, previsiblemente se presentará en tiempo y forma con la última prórroga acordad . Habida cuenta del parque de barricas europeo, el coste del mismo saldría en el peor de los casos a unos 0,10cts.de €/ barrica. Ya que su objetivo es beneficiar a la iniciativa privada deberá ser pagado de manera solidaria entre todos los bodegueros europeos que utilizan barricas y así, por ejemplo, en Francia los Consejos Reguladores han anunciado su colaboración económica con 100.000€, el Instituto Privado de la Vid y el Vino de Portugal aportará 30.000€, la Asociación Profesional Europea de Enólogos ha decidido libremente colaborar con 12.000€. otros Estados miembro donde también se cría el vino en barrica como Alemania, Italia, Bulgaria o Polonia están decidiendo estos días sus aportaciones al Estudio y las van comunicando al Comité Vinos a medida que se toman las decisiones.
España no es una excepción, muy al contrario, la industria bodeguera española se reúne la Asamblea de Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen vitivinicolas y en esa asamblea se decidirá la aportación desde los Consejos Reguladores y, por otra parte, habida cuenta de que existen bodegas que no pertenecen a ninguna Denominación, através del grupo de Grandes Pagos de la Federación Española del Vino se va a organizar su aportación.
Así pues en España las cosas van avanzando convenientemente, como en el resto de Europa, el sector bodeguero es consciente de la importancia del Estudio y de la necesidad de mantener unido al sector a escala europea, máxime cuando dentro de unos meses se va a reabrir la OCM de la Vid y el Vino, con los importantes asuntos de los Derechos de plantación y la financiación de campañas de promoción y comercialización, dentro y fuera de la UE.
Y hay quién ha preguntado dónde ha estado el Gobierno de La Rioja durante este tiempo, pues la respuesta es que ha estado donde tenía que estar, asistiendo discreta y eficazmente a quienes han solicitado su asesoramiento, trabajando para que el asunto se condujera correctamente, sin estridencias, como tiene que hacer una administración pública comprometida con el interés general.
Queda claro entonces que se trata de un tema técnico, científico incluso si se quiere, estrictamente privado y correspondiente a la industria y la empresa vitivinícola. Por tanto, cualquier intento de politizar este asunto es claramente una maniobra partidista y enredadora de quien, no teniendo nada que aportar, se limita a manipular e intoxicar.
Un espectáculo lamentable el de algunos responsables políticos que han hecho gala de un absoluto desconocimiento de la legislación europea, una ignorancia supina de la materia que se trata y que han exhibido una estulticia que les lleva a confundir la administración pública con la empresa privada y las negociaciones políticas parlamentarias con los plazos administrativos.
Aquel documento, que buscaba preservar nuestro medioambiente y nuestra salud, estableció un sistema de comercialización de biocidas basado en un procedimiento de autorización y registro de sustancias biocidas utilizadas por la industria europea; dichas sustancias serían valoradas y, cuando el dictamen fuese favorable, serian incluidas en un registro y autorizada su utilización, todo ello a escala europea, para conseguir el mismo grado de protección en todo el territorio de la UE.
La Directiva recoge, entre diferentes categorias, las sustancias ya existentes y utilizadas antes de la entrada en vigor de la propia Directiva, el 14 de mayo de 2000. Asi que, autoriza un procedimiento para "notificar" sustancias activas existentes que la industria privada europea tenga interés en defender su registro y autorización, para entendernos, en el caso de la crianza de vinos, se habilita un camino para que la industria vitivinícola europea, que utiliza desde siempre el SO2 para la desinfección de barricas, pudiese seguir utilizándolo, previo registro y autorización. Es decir, que la iniciativa privada puede defender la utilización de un producto por razones industriales, comerciales o económicas y esa defensa será tomada en consideración por la administración europea.
El mecanismo previsto para ese registro y autorización por la Directiva, es la presentación de un Estudio técnico y científico de alto nivel y a escala europea, que demuestre que el sulfuroso ha sido utilizado "de siempre", que no se ha encontrado un método sustitutivo que pueda reemplazar su utilización y que no se han demostrado problemas de seguridad e higiene en el trabajo que impidan continuar utilizándolo.
El plazo que la industria vitivinícola europea tenía para presentarlo expiró en mayo de 2011, pero la Comisión Europea habilitó una prórroga de un año más. Si no se presenta un estudio por parte de la industria, no se procederá a su evaluación y el SO2 no será registrado y autorizado para uso en la desinfeccion de barricas por parte de la Comisión Europea en el territorio europeo y la industria deberá desinfectar las barricas de otro modo, probablemente incrementando los costes de producción enormemente, por eso, la industria vitivinícola europea, representada por el "lobby" Comité Vinos, decidió presentar ese Estudio ante la Comision Europea y, para ello, solicitó varios presupuestos, para decidir dentro de su estrategia empresarial cuál contratar. El Estudio está en marcha y, previsiblemente se presentará en tiempo y forma con la última prórroga acordad . Habida cuenta del parque de barricas europeo, el coste del mismo saldría en el peor de los casos a unos 0,10cts.de €/ barrica. Ya que su objetivo es beneficiar a la iniciativa privada deberá ser pagado de manera solidaria entre todos los bodegueros europeos que utilizan barricas y así, por ejemplo, en Francia los Consejos Reguladores han anunciado su colaboración económica con 100.000€, el Instituto Privado de la Vid y el Vino de Portugal aportará 30.000€, la Asociación Profesional Europea de Enólogos ha decidido libremente colaborar con 12.000€. otros Estados miembro donde también se cría el vino en barrica como Alemania, Italia, Bulgaria o Polonia están decidiendo estos días sus aportaciones al Estudio y las van comunicando al Comité Vinos a medida que se toman las decisiones.
España no es una excepción, muy al contrario, la industria bodeguera española se reúne la Asamblea de Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen vitivinicolas y en esa asamblea se decidirá la aportación desde los Consejos Reguladores y, por otra parte, habida cuenta de que existen bodegas que no pertenecen a ninguna Denominación, através del grupo de Grandes Pagos de la Federación Española del Vino se va a organizar su aportación.
Así pues en España las cosas van avanzando convenientemente, como en el resto de Europa, el sector bodeguero es consciente de la importancia del Estudio y de la necesidad de mantener unido al sector a escala europea, máxime cuando dentro de unos meses se va a reabrir la OCM de la Vid y el Vino, con los importantes asuntos de los Derechos de plantación y la financiación de campañas de promoción y comercialización, dentro y fuera de la UE.
Y hay quién ha preguntado dónde ha estado el Gobierno de La Rioja durante este tiempo, pues la respuesta es que ha estado donde tenía que estar, asistiendo discreta y eficazmente a quienes han solicitado su asesoramiento, trabajando para que el asunto se condujera correctamente, sin estridencias, como tiene que hacer una administración pública comprometida con el interés general.
Queda claro entonces que se trata de un tema técnico, científico incluso si se quiere, estrictamente privado y correspondiente a la industria y la empresa vitivinícola. Por tanto, cualquier intento de politizar este asunto es claramente una maniobra partidista y enredadora de quien, no teniendo nada que aportar, se limita a manipular e intoxicar.
Un espectáculo lamentable el de algunos responsables políticos que han hecho gala de un absoluto desconocimiento de la legislación europea, una ignorancia supina de la materia que se trata y que han exhibido una estulticia que les lleva a confundir la administración pública con la empresa privada y las negociaciones políticas parlamentarias con los plazos administrativos.
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