jueves, 9 de febrero de 2012

Marruecos y el NO

Desde el Partido Popular llevamos años advirtiendo de que se avecinaba la firma de un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos conflictivo para los intereses españoles. Llevamos años explicando que las negociaciones entre la UE y el vecino marroquí estaban resultando lesivas para los productores españoles y que, para evitarlo, era necesario, en primer lugar, resolver los fallos a los que está dando lugar el régimen de importación de frutas y hortalizas procedentes de países terceros, fallos que conciernen de forma flagrante a la entrada de tomates marroquíes.
El acuerdo suscrito entre la Comisión Europea y Rabat, pendiente todavía de ratificación en el Parlamento Europeo, amplía sustancialmente las concesiones realizadas por la Unión Europea a determinadas exportaciones marroquíes cuyos calendarios de comercialización coinciden con los calendarios de las producciones españolas, como es el caso más emblemático del tomate, lo que constituye una amenaza directa al empleo del sector agrario en regiones como Andalucía, Murcia, Valencia o Canarias, y todo ello, sin establecer medidas compensatorias, sin arbitrar solución ninguna a la herida que ello va a causar y que nadie desconoce ya.
Llevamos años haciéndonos eco de las denuncias de los productores y exportadores de frutas y hortalizas españoles en lo que respecta a los incumplimientos de las condiciones establecidas en el acuerdo actual, dando voz a quienes han denunciado las irregularidades a las que da lugar el mecanismo de precios de entrada para el tomate marroquí, irregularidades reconocidas oficialmente por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF).
Y llevamos años haciéndolo en solitario porque los socialistas españoles no nos han acompañado, no han ayudado y hasta hace una semana han trabajado contra los intereses de los productores españoles, favoreciendo la firma de un acuerdo entre la UE y Marruecos perjudicial para nuestros intereses tanto en el Parlamento Europeo, como, en época del anterior Gobierno, dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
La próxima semana el Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo tendrá que decir SI o NO al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de Asociación UE- Marruecos. Siguiendo la línea que hemos mantenido desde hace años, el PP votará NO, y lo hará porque el acuerdo es desequilibrado, porque no asegura a los consumidores europeos que los productos procedentes de Marruecos cumplan con los mismos requisitos de seguridad alimentaria y de respeto al medioambiente que los productos comunitarios; votaremos que NO porque la Comisión Europea no ha resuelto los problemas del mecanismo de precios de entrada del tomate que denunció oficialmente la OLAF hace unos años y que fomenta la importación de grandes volúmenes de tomates sin el pago de los derechos de aduana correspondientes; votaremos NO porque el acuerdo no recoge mecanismos de seguimiento y control para detectar desvíos indeseados o problemas de funcionamiento; votaremos NO porque creemos que el Parlamento debe participar en la negociaciones previas a la firma de los acuerdos y en el control posterior. En definitiva, votaremos que NO, porque nada ha mejorado, nada ha cambiado, desde septiembre de 2010, fecha en la que la Comisión Europea presentó su propuesta sobre el nuevo capítulo agrícola con Marruecos. Nada, nada de nada y, si no ha habido ninguna mejora, ningún cambio, no hay razón alguna para cambiar de postura.
En el PP hubiésemos deseado que desde el principio el acuerdo no perjudicara los intereses españoles y que el Parlamento Europeo hubiese podido colaborar en las negociaciones, pero ello no ha sido así y, además hemos sufrido el ataque de quienes, desde el descaro, han trabajado contra España y sus intereses, y ahora, desde el pánico que les provoca perder unas elecciones en Andalucía, corren a votar en contra del acuerdo.

1 comentario:

  1. Quizá ayude averigüar si es cierto lo que presuntamente muchos agrigultores saben que uno de los mayores inversores en Marruecos ha sido ex-presidente de Andalucía con unas 20.000 Hectareas, por lo que los intereses son personales y contrarios a los que se supone debería defender.

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