Artículo de Jaime Ignacio del Burgo:
Fui portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación del escándalo del lino que agitó la campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas del año 1999. Es el caso en el que José Bono acusó a Loyola de Palacio de haber consentido que en la cúpula del Ministerio de Agricultura un grupo de personas –“cazaprimas”– se estaban haciendo de oro con las subvenciones comunitarias al cultivo del lino.
Considero un deber de justicia recordar a las cuatro personas que sufrieron un incalificable linchamiento mediático, lanzado sin piedad y con total falsedad por Bono, sin que su espíritu cristiano le haya llevado a resarcir el daño causado.
Nicolás López de Coca era presidente del FEGA. Dos de sus hijos, ingenieros agrónomos, comenzaron a cultivar lino desde mucho antes de la llegada del PP. Entre 1994 y 1999 percibieron una media de 46.558 euros anuales brutos de subvenciones comunitarias. La acusación de enriquecimiento era una vileza.
Quintiliano Pérez Bonilla era director general de Ganadería. Su esposa, empresaria agrícola, cultivó lino en 1995 y 1996, cuando sólo en sueños podía imaginar que su marido llegaría a ser alto cargo de Loyola de Palacio. Percibió un total de 41.208,73 euros; por supuesto, brutos.
Carlos Moro era delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Poseía 200 hectáreas de secano. Comenzó a cultivar antes del acceso del Partido Popular al poder. Cobró, en cinco años, 492.829,93 euros. El beneficio neto obtenido en cinco años, tras descontar los gastos de explotación, fue de 150.000 euros. Su esposa falleció de cáncer seis meses después de la infame acusación lanzada por Bono. Tres años más tarde, también de cáncer, murió Carlos Moro.
Gonzalo Ruiz Paz era director financiero de Mercasa. No era alto cargo de Loyola de Palacio. Su familia poseía en Castilla-La Mancha una empresa agraria. Cultivó lino en 1995 y percibió 41.469,84 euros de subvención bruta.
La comisión de investigación rechazó las acusaciones de Bono y negó la existencia de ninguna trama para enriquecerse con el lino. Bono, entonces, contraatacó acusando a los cultivadores de lino y empresas transformadoras de España de “fraude generalizado”, pasando el testigo a la Fiscalía Anticorrupción. En 1997, la empresa familiar de Ruiz Paz comenzó a transformar lino. Garzón lo sentó en el banquillo por una imputación falsa de la Fiscalía Anticorrupción de Carlos Jiménez Villarejo por haber falsificado un certificado de transformación de 6 millones de pesetas, con la intención de repartirse la subvención. Esta acusación se basaba, a su vez, en un informe de la fiscalía Anticorrupción que Jiménez Villarejo se negó a rectificar, a pesar de habérsele demostrado que partía de un hecho absolutamente erróneo y falso. Ocho años después, Ruiz Paz sería absuelto por la Audiencia Nacional. La sentencia, que absolvió a los otros 17 encausados, censura la instrucción de Garzón, pues la falsedad de la acusación se había puesto de manifiesto desde el inicio del sumario.
Pronto, Garzón dejó de interesarse por el caso del lino. Poca notoriedad podía obtenerse de él. Un año después, el fiscal pidió la imputación de los hijos de López de Coca. Tras su comparecencia quedaron desimputados. Pero uno de ellos declaró que en su casa se hablaba de todo y también del lino. Esto sirvió al fiscal para pedir el enjuiciamiento del ex presidente del FEGA por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En abril de 2003, Garzón estaba enredado en el Consejo General del Poder Judicial por criticar a Aznar por su política en Irak. Bono, personado en la causa del lino como acusación particular, publicó entonces una carta abierta en El País que es todo un ejemplo de obscenidad política: “Desde hace muchos años, tu nombre está asociado al espacio donde el imaginario colectivo de los españoles libra grandes batallas: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, los dictadores criminales... Ahora que te quieren disciplinar, cuando soportas la manía persecutoria que aletea vigorosa en las covachuelas más negras, piensa que no estás solo”.
Tres días antes del cierre de la campaña electoral, dictó auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente del FEGA. Lo hizo sin tener competencia para ello, como acreditó la Audiencia Nacional, que lo excluyó en la primera sesión del juicio. El auto sirvió a Bono para proclamar que la Justicia le había dado la razón en el mitin de cierre celebrado en Toledo.
Esta es, a grandes rasgos, la historia de una gran infamia. Bono presume de honradez, pero debería sonrojarse al recordar sus acusaciones de enriquecimiento en el caso del lino a la vista de la gran fortuna que ha amasado. Pero no estuvo solo. Contó con la inestimable cooperación de dos hombres de cuya integridad, según la progresía de este país, nadie tiene derecho a dudar: el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez de hoja perenne de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Considero un deber de justicia recordar a las cuatro personas que sufrieron un incalificable linchamiento mediático, lanzado sin piedad y con total falsedad por Bono, sin que su espíritu cristiano le haya llevado a resarcir el daño causado.
Nicolás López de Coca era presidente del FEGA. Dos de sus hijos, ingenieros agrónomos, comenzaron a cultivar lino desde mucho antes de la llegada del PP. Entre 1994 y 1999 percibieron una media de 46.558 euros anuales brutos de subvenciones comunitarias. La acusación de enriquecimiento era una vileza.
Quintiliano Pérez Bonilla era director general de Ganadería. Su esposa, empresaria agrícola, cultivó lino en 1995 y 1996, cuando sólo en sueños podía imaginar que su marido llegaría a ser alto cargo de Loyola de Palacio. Percibió un total de 41.208,73 euros; por supuesto, brutos.
Carlos Moro era delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Poseía 200 hectáreas de secano. Comenzó a cultivar antes del acceso del Partido Popular al poder. Cobró, en cinco años, 492.829,93 euros. El beneficio neto obtenido en cinco años, tras descontar los gastos de explotación, fue de 150.000 euros. Su esposa falleció de cáncer seis meses después de la infame acusación lanzada por Bono. Tres años más tarde, también de cáncer, murió Carlos Moro.
Gonzalo Ruiz Paz era director financiero de Mercasa. No era alto cargo de Loyola de Palacio. Su familia poseía en Castilla-La Mancha una empresa agraria. Cultivó lino en 1995 y percibió 41.469,84 euros de subvención bruta.
La comisión de investigación rechazó las acusaciones de Bono y negó la existencia de ninguna trama para enriquecerse con el lino. Bono, entonces, contraatacó acusando a los cultivadores de lino y empresas transformadoras de España de “fraude generalizado”, pasando el testigo a la Fiscalía Anticorrupción. En 1997, la empresa familiar de Ruiz Paz comenzó a transformar lino. Garzón lo sentó en el banquillo por una imputación falsa de la Fiscalía Anticorrupción de Carlos Jiménez Villarejo por haber falsificado un certificado de transformación de 6 millones de pesetas, con la intención de repartirse la subvención. Esta acusación se basaba, a su vez, en un informe de la fiscalía Anticorrupción que Jiménez Villarejo se negó a rectificar, a pesar de habérsele demostrado que partía de un hecho absolutamente erróneo y falso. Ocho años después, Ruiz Paz sería absuelto por la Audiencia Nacional. La sentencia, que absolvió a los otros 17 encausados, censura la instrucción de Garzón, pues la falsedad de la acusación se había puesto de manifiesto desde el inicio del sumario.
Pronto, Garzón dejó de interesarse por el caso del lino. Poca notoriedad podía obtenerse de él. Un año después, el fiscal pidió la imputación de los hijos de López de Coca. Tras su comparecencia quedaron desimputados. Pero uno de ellos declaró que en su casa se hablaba de todo y también del lino. Esto sirvió al fiscal para pedir el enjuiciamiento del ex presidente del FEGA por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En abril de 2003, Garzón estaba enredado en el Consejo General del Poder Judicial por criticar a Aznar por su política en Irak. Bono, personado en la causa del lino como acusación particular, publicó entonces una carta abierta en El País que es todo un ejemplo de obscenidad política: “Desde hace muchos años, tu nombre está asociado al espacio donde el imaginario colectivo de los españoles libra grandes batallas: la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, los dictadores criminales... Ahora que te quieren disciplinar, cuando soportas la manía persecutoria que aletea vigorosa en las covachuelas más negras, piensa que no estás solo”.
Tres días antes del cierre de la campaña electoral, dictó auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente del FEGA. Lo hizo sin tener competencia para ello, como acreditó la Audiencia Nacional, que lo excluyó en la primera sesión del juicio. El auto sirvió a Bono para proclamar que la Justicia le había dado la razón en el mitin de cierre celebrado en Toledo.
Esta es, a grandes rasgos, la historia de una gran infamia. Bono presume de honradez, pero debería sonrojarse al recordar sus acusaciones de enriquecimiento en el caso del lino a la vista de la gran fortuna que ha amasado. Pero no estuvo solo. Contó con la inestimable cooperación de dos hombres de cuya integridad, según la progresía de este país, nadie tiene derecho a dudar: el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez de hoja perenne de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
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